El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declara la insconstitucionalidad de la forma de calcular la base imponible de la Plusvalía. El Impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), popularmente conocido como «plusvalía municipal», por razones históricas, se devenga con las transmisiones de inmuebles de naturaleza urbana, tanto entre vivos como mortis causa. Siendo intranscendente que medie precio entre ellas o no. La Plusvalía es uno de los impuestos que nutre y financia las arcas de los Ayuntamientos.
La Plusvalía lleva años siendo cuestionada. Han sido varios los pronunciamientos del Tribunal Supremo -no del Tribunal Constitucional-, los que han recaído, de forma reiterada, cuestionando el meritado impuesto. Por eso, en los últimos años, había de todo menos «tranquilidad y seguridad» para el contribuyente.
En efecto, los notarios explicamos y advertimos a los otorgantes de actos traslativos que pueden constituir hecho imponible del impuesto sobre la necesidad de liquidar y el marco normativo. Sin embargo, a la vista de la actuación errática, anodina y dispar de los Ayuntamientos, era muy complicado dar un consejo previsible. En cierto modo, como es lógico, los Ayuntamientos trataban de driblar esos pronunciamientos, pues necesitan la financiación para la sostenibilidad del municipio.
La sentencia del Tribunal Constitucional sí que ha dado «tranquilidad y seguridad al contribuyente». Los ciudadanos que deberían haber liquidado la Plusvalía tras la sentencia, reciben con júbilo la noticia en la sala de firmas, del estado de la cuestión tras el pronunciamiento del Alto Tribunal, la cual es incontestable.
En este contexto parece muy poco honesta la afirmación de la señora Ministra de Hacienda, Doña María Jesús Montero, diciendo que se va a presentar un texto legal que dé «seguridad y tranquilidad a los ciudadanos». Estamos en una época en la que tras un micrófono, investido de un cargo y con el tono adecuado parece que todo vale. Antes se hablaba de «demagogia». Igual hasta ya han hecho desaparecer la palabra del diccionario, con tanta inventiva que imponen los nuevos tiempos en los que cada vez es más habitual hacer un salto al vacío para justificar lo injustificable.
Señora Ministra, los ciudadanos tienen tranquilidad y seguridad con la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que hace falta es que ustedes impulsen una reforma legislativa que de tranquilidad a los Ayuntamientos y garanticen la sostenibilidad económica del municipio. Todo ello en el marco de nuestros principios constitucionales de la fiscalidad que debe ser proporcional y progresiva.
La sentencia lo que debería servir es para que ustedes reconocieran su desidia. En efecto, es su pasividad legislativa la que ha propiciado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, mientras ustedes discutían si son galgos o podencos sobre asuntos que, en muchas ocasiones, poco interesan a la sociedad y ningún problema resuelven.
Así las cosas, a mi me gustaría que la fiscalidad fuera real, como ya he apuntado alguna vez. Esto es, que se rebajaran los tipos, por un lado, pero que realmente pagásemos todos. De lo contrario de la impresión de que se recogen impuestos donde es fácil y contribuir nos toca a todos, de forma solidaria, pagando más los que más tienen, pero a todos. Pero eso es más complicado y da menos titulares ¿verdad?
Fuera de concurso el voto particular de dos magistrados del Tribunal Constitucional que proponían dar un plazo para la reforma. Como no he leído los votos me parece justo dar el beneficio de la duda. Si bien, juzgar una ley debería ser algo abstracto. Las leyes son enunciados normativos que deben encajar en el sistema constitucional. El Tribunal Constiucional, por mucho que se haya calificado de «legislador negativo», no está para inventar ni para dar plazos. Si bien, en su disculpa, en una época en la que todo el mundo se mete en casa ajena puede que hasta el error sea disculpable.
Y es que, como muchas veces he dicho, tenemos derecho a que se legisle bien.